Parece que el compromiso del Gobierno de cambiar el actual modelo económico español, basado hasta ahora en el turismo y la construcción, dejando paso a la innovación para salir de la crisis, no ha caído en saco roto.
O por lo menos eso es lo que nos hace pensar el anteproyecto de ley que pretende compaginar la existencia de funcionarios, que hasta el momento monopolizan prácticamente toda la actividad científica, y la de contratados, que a partir de ahora serán todos aquellos investigadores que trabajen en centros públicos de investigación, que no sean universidades.
A pesar de que esta futura ley ya cuenta con detractores que apuntan hacia la perpetuación de la precariedad e inestabilidad laboral y se quejan de la excesiva duración de la carrera (12 años) hasta que se llega a un contrato estable, también cuenta con numerosas ventajas. Por ejemplo, regulariza y normativiza por primera vez la situación de los investigadores, a la vez que permite un sistema más dinámico sin llegar al modelo anglosajón, en el que como apuntaba hoy un artículo del diario El País,” el proyecto de las instituciones prima sobre el de las personas”.
Esperemos que esta nueva medida impulsada por el Gobierno, nos acerque a la desaparición de la figura del joven investigador calificado como “becario precario” y nos aleje de la tradicional fuga de cerebros que históricamente ha sufrido nuestro país.
O por lo menos eso es lo que nos hace pensar el anteproyecto de ley que pretende compaginar la existencia de funcionarios, que hasta el momento monopolizan prácticamente toda la actividad científica, y la de contratados, que a partir de ahora serán todos aquellos investigadores que trabajen en centros públicos de investigación, que no sean universidades.
A pesar de que esta futura ley ya cuenta con detractores que apuntan hacia la perpetuación de la precariedad e inestabilidad laboral y se quejan de la excesiva duración de la carrera (12 años) hasta que se llega a un contrato estable, también cuenta con numerosas ventajas. Por ejemplo, regulariza y normativiza por primera vez la situación de los investigadores, a la vez que permite un sistema más dinámico sin llegar al modelo anglosajón, en el que como apuntaba hoy un artículo del diario El País,” el proyecto de las instituciones prima sobre el de las personas”.
Esperemos que esta nueva medida impulsada por el Gobierno, nos acerque a la desaparición de la figura del joven investigador calificado como “becario precario” y nos aleje de la tradicional fuga de cerebros que históricamente ha sufrido nuestro país.
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